Temer dice que denuncia contra él es “atentado contra el país”

Temer dice que denuncia contra él es “atentado contra el país”

El presidente de Brasil, Michel Temer, denunciado la víspera por corrupción, realizó hoy un pronunciamiento en que atacó con firmeza a la fiscalía, y dijo que la pieza acusatoria presentada por el...

El presidente de Brasil, Michel Temer, denunciado la víspera por corrupción, realizó hoy un pronunciamiento en que atacó con firmeza a la fiscalía, y dijo que la pieza acusatoria presentada por el Ministerio Público es “una ficción” “sin pruebas” que se basa en “ilaciones” para “atentar contra el país”.

“Fui denunciado por corrupción pasiva a esta altura de la vida, sin jamás haber recibido valores. ¿Dónde están las pruebas concretas de recibimiento de esos valores? No existen. Examinando la denuncia percibo que reinventaron el Código Penal e incluyeron una nueva categoría: denuncia por ilación”, dijo Temer, arropado en la sede de la presidencia por dos docenas de parlamentarios de su coalición.

“Somos víctimas de una infamia de naturaleza política”, aseveró el mandatario, que acusó al fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, de “crear una trama de novela”.

“La denuncia es una ficción”, señaló Temer, quien dijo confiar en la Justicia, pues él mismo es abogado constitucionalista, pero advirtió que “hay un atentado contra nuestro país”.

El fiscal general de Brasil denunció la noche del lunes a Temer ante la corte suprema del país, al entender que el presidente participó de una trama para recibir sobornos del empresario Joesley Batista a cambio de favores políticos.

Temer habría utilizado al diputado Rodrigo Rocha Loures para negociar un soborno a cambio de que el Gobierno ayudara a J&F, de Batista, en un contencioso con la estatal Petrobras sobre el precio del suministro de gas en uno de sus negocios.

Seguimientos y filmaciones de la policía federal –que colaboró con ejecutivos de J&F- mostraron cómo el 28 de abril Rocha recibió en efectivo 500 mil reales (unos 156 mil dólares) en Sao Paulo que, según la fiscalía, tenían como destinatario final Temer.

La denuncia se sustenta, además, en una grabación de casi 40 minutos que Batista realizó de forma subrepticia durante una conversación con Temer en marzo en la residencia oficial del presidente, un encuentro nocturno que no fue registrado en la agenda oficial.

Según el audio, Temer habría indicado a Loures como su intermediario, y habría incentivado a Batista a seguir pagando sobornos al encarcelado Eduardo Cunha, con el objetivo de comprar el silencio de este expresidente de la Cámara Baja clave en la articulación del juicio político a Dilma Rousseff.

“Eso es una prueba ilícita, inválida”, aseguró Temer en relación al audio, revelado a mediados del mes pasado y que provocó una nueva oleada de indignación en un país que asiste a escándalos de corrupción política en serie desde 2014, cuando fue lanzada la Operación Lava Jato.

La denuncia agrava la situación de Temer al frente de la mayor economía de América Latina, donde ya se revisan a la baja los débiles indicadores de crecimiento para este año y 2018, ante la eventual incapacidad del Ejecutivo del presidente de aprobar reformas en el Parlamento.

Hoy el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, objeto también de cinco causas por corrupción, pidió a Temer que dimita y permita la celebración de elecciones generales anticipadas, algo que él mismo rechazó, pues asegura que terminará su mandato, a pesar de que su popularidad de apenas siete por ciento es la menor en 28 años.

La denuncia presentada la víspera –primera de varias que deben venir en los próximas días y semanas- será examinada por un juez de la corte suprema y, en caso de considerarla procedente, la enviará al Parlamento, que deberá votar si aprueba o no la imputación del jefe del Estado en una nueva batalla política similar al “impeachment” de Rousseff hace apenas un año.

Si dos tercios del Congreso brasileño votan a favor de su imputación, Temer sería apartado del poder por 180 días, aunque el Gobierno brasileño articula desde hace semanas para obtener los apoyos necesarios en el Parlamento para “frenar” la denuncia en el ámbito político y permitir al jefe del Estado terminar su mandato a finales de 2018.

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