Acusación de fiscal contra presidente brasileño recrudece crisis

Acusación de fiscal contra presidente brasileño recrudece crisis

La fiscalía general de Brasil denunció esta noche al presidente Michel Temer por corrupción, relativa a la supuesta recepción de dinero ilícito del grupo JBS, lo que agrava la situación política del...

La fiscalía general de Brasil denunció esta noche al presidente Michel Temer por corrupción, relativa a la supuesta recepción de dinero ilícito del grupo JBS, lo que agrava la situación política del mandatario.

Temer es el primer mandatario en la historia del país en ser denunciado por estos cargos en el ejercicio del poder.

El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, denunció a Temer ante el Supremo Tribunal Federal, al entender que el presidente “recibió para sí […] ventajas indebidas de 500 mil reales ofertada por Joesley Batista”, dueño de la multinacional cárnica JBS, la mayor empacadora de carne bovina del mundo.

Temer, que era investigado desde el 2 de mayo, habría utilizado al diputado Rodrigo Rocha Loures para negociar un soborno a cambio de que el gobierno ayudara a J&F en un contencioso con la estatal Petrobras sobre el precio del suministro de gas en uno de los negocios del grupo.

Seguimientos y filmaciones de la policía federal, con la que colaboraron Batista y otros empresarios de JBS, mostraron cómo el 28 de abril, Rocha recibió en metálico 500 mil reales (156 mil dólares) en Sao Paulo que, según la fiscalía, tenían como destinatario final a Temer.

El propio presidente designó a Rocha como su interlocutor en una charla comprometedora el 7 de marzo con Batista en la residencia oficial del jefe del Estado, un encuentro nocturno que no constó en la agencia oficial, pero que el empresario registró de forma subrepticia en una grabación de casi 40 minutos.

El medio millón de reales entregado en metálico a Rocha por un ejecutivo de JBS en una pizzería de Sao Paulo se trató, según los fiscales, del primero de una serie de pagos ilícitos que a lo largo de nueve meses debía sumar varios millones de dólares.

“Además del efectivo recibimiento del monto mencionado, Michel Temer y Rodrigo Loures, en comunión de esfuerzos y unidad de designios, con voluntad libre y conscientes, incluso aceptaron la promesa de ventaja indebida por valor de 38 millones de reales [12 millones de dólares]”, dijo el fiscal Janot.

En el texto de la denuncia, se espera que sea la primera de varias contra el mandatario, investigado por obstrucción judicial y asociación ilícita, la fiscalía pide abrir otra investigación por un decreto regulando concesiones en puertos de Brasil que habría beneficiado a empresarios cercanos al mandatario.

La denuncia agrava la situación de Temer al frente de la mayor economía de América Latina y recrudece la crisis en el país por los escándalos de corrupción contra autoridades políticas destapados desde que estalló en 2014 la Operación Lava Jato.

El presidente, que llegó al poder en mayo de 2016 tras el juicio político a Dilma Rousseff, vive su peor momento al frente del país, y su popularidad es de apenas el 7 por ciento, la más baja para un jefe del Estado en 28 años, según los sondeos.

Horas antes de ser denunciado, Temer dijo que “nada le destruirá a él ni sus ministros”, en una alocución en el Palacio del Planalto, sede del Ejecutivo, aunque algunas figuras políticas de su coalición gubernamental comienzan a evocar la posibilidad de que el presidente dimita y convoque elecciones anticipadas.

La denuncia presentada esta noche deberá ser ahora examinada por un juez de la corte suprema y, en caso de considerarla procedente, enviarla al Parlamento, que deberá votar si aprueba o no la imputación del jefe del Estado en una nueva batalla política similar al “impeachment” de Rousseff hace apenas un año.

Si dos tercios del Congreso brasileño votan a favor de su imputación, Temer sería apartado del poder por 180 días.

Aun así, el gobierno brasileño articula desde hace semanas los apoyos necesarios en el Parlamento para “frenar” la denuncia en el ámbito político y permitir al jefe del Estado terminar su mandato a finales de 2018.

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