Sector patronal disiente ante acuerdo sobre fiscalía anticorrupción

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su preocupación por el acuerdo de la PGR publicado en el Diario Oficial de la Federación ya que, a su juicio, limita las...

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su preocupación por el acuerdo de la PGR publicado en el Diario Oficial de la Federación ya que, a su juicio, limita las facultades de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.

La publicación a la que hace referencia es el Acuerdo A/029/17 por el que se modifica el “Acuerdo A/011/14 por el que se crea la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones”, publicado el miércoles pasado.

En un comunicado, el organismo que preside Gustavo de Hoyos Walther expuso que las principales limitaciones radican en temas como que se requiera la aprobación del procurador general para los planes y programas destinados a detectar la comisión de delitos en materia de corrupción.

Asimismo, sujetar los nombramientos de los titulares de las agencias del Ministerio Público federal de designación especial que se pretendan adscribir a la Fiscalía Especializada a la decisión del titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

También modificar, derogar o abrogar las normas administrativas emitidas por el fiscal especializado si contradicen las normas administrativas emitidas por el procurador general de la República.

La Coparmex puntualizó que era deseable que el acuerdo publicado caminara hacia una mayor autonomía y capacidad real de gestión del fiscal anticorrupción, en consonancia con la demanda ciudadana.

Manifestó que insistirán en que bajo este acuerdo se reafirma que la responsabilidad última del combate real contra la corrupción es del titular de la actual Procuraduría General de la República.

“Coparmex señala que los mensajes de control, aunque sean temporales, para la Fiscalía Especializada, no es el deber ser para el diseño institucional óptimo de la Fiscalía General de la República y las facultades del Fiscal Especializado”, subrayó.

Consideró que, en general, se trata de un acuerdo que tiene una vigencia limitada, en tanto se emite por el Congreso de la Unión la declaratoria de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República y la ley correspondiente.

Además, sostiene que dicho acuerdo pretende únicamente modificar el previo de 2012, bajo la motivación de armonizar ese acuerdo con el decreto que reformó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

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