Transparencia ordena entregar sentencias por delincuencia organizada

De manera unánime, aunque con tres votos particulares, el pleno del Instituto de Transparencia ordenó al Consejo de la Judicatura entregar a un particular versiones públicas de sentencias...

De manera unánime, aunque con tres votos particulares, el pleno del Instituto de Transparencia ordenó al Consejo de la Judicatura entregar a un particular versiones públicas de sentencias condenatorias dictadas en la aplicación de la Ley contra la Delincuencia Organizada.

Al presentar ante sus colegas el asunto, el comisionado Joel Salas Suárez explicó que en principio el Consejo de la Judicatura Federal declaró reservada la información con base en el Artículo 113 de la Ley General de Transparencia.

Esto es, que en la práctica argumentó que no podría entregar información alguna, ante lo cual el solicitante recurrió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al analizar el asunto, Salas Suárez consideró que, contrario a la clasificación que estableció el Consejo de la Judicatura, sí era viable entregar una versión pública de los expedientes, siempre y cuando fueran testados los antecedentes del caso y extracto de los hechos, incluyendo circunstancias de modo, tiempo y lugar.

También, deben reservarse el estudio de las conductas delictivas y las declaraciones tomadas en cuenta para llegar a esa resolución, así como los nombres contra quienes se hayan iniciado las causas penales y los datos generales de los involucrados y testigos; todo ello, a partir de lo establecido en el Artículo 110 de la referida Ley de Transparencia.

Además, el comisionado propuso reservar la información de los servidores públicos que estuvieron involucrados en la investigación de los delitos y detención de las personas a quienes se les instruyó proceso.

Por último, el comisionado propuso formular un exhorto al Consejo de la Judicatura, “para que en futuras ocasiones, permita a este instituto ejercer a cabalidad las atribuciones que derivan del acuerdo antes mencionado”.

Este último elemento fue el que causó controversia, pues el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, anunció que se apartaba de dicho exhorto, por lo cual anunció que votaría a favor del proyecto, pero emitiría voto particular.

Hicieron lo propio los comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora]; en tanto, los comisionados Areli Cano Guadiana, Óscar Guerra Ford, Patricia Kurczyn Villalobos y el propio Joel Salas, votaron a favor.

De esta forma, se aprobó modificar la respuesta original del Consejo de la Judicatura Federal y ordenarle entregar versiones públicas de los documentos, reservando los datos antes señalados y con el exhorto que motivó los votos particulares.

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