Expertos piden a Senado dar autonomía al Sistema Nacional de Archivos

Especialistas, servidores públicos e investigadores coincidieron en la urgencia que el Senado de la República apruebe la ley general de archivos, y dote de autonomía y presupuesto el Sistema Nacional...

Especialistas, servidores públicos e investigadores coincidieron en la urgencia que el Senado de la República apruebe la ley general de archivos, y dote de autonomía y presupuesto el Sistema Nacional en la materia a fin de conservar la memoria histórica del país.

La presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Cristina Díaz Salazar, dijo que serán analizadas las disposiciones sobre la integración del Consejo Técnico y propone que sea integrado por 13 especialistas, y que su función sea ayudar en la conformación de políticas públicas, que elaborará el secretariado técnico.

Durante las Audiencias Públicas sobre esta legislación, la senadora Laura Rojas Hernández, integrante de dicha Comisión, se comprometió a revisar la propuesta para que el Archivo General de la Nación (AGN) sea el órgano rector del Sistema Nacional de Archivos y sea un órgano autónomo de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La directora del AGN, Mercedes de Vega Armijo, solicitó promulgar una ley a la altura de la riqueza del patrimonio documental que tiene México, pues en caso de desconocer las condiciones bajo las que operan los archivos, esta Ley “estaría condenada al fracaso”.

Sugirió que si se expide una legislación que dote de autonomía al AGN, se debe prever la asignación de recursos y de fuerza; de lo contrario incurriría en incumplimiento de las más de 250 atribuciones que se le otorgaron, y estaría constantemente bajo la revisión de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

Advirtió que si los responsables del rezago no son parte de la solución “esto va a fracasar”: las secretarías de Estado, municipios, estados y sindicatos tienen que ser parte de la solución, de lo contrario habrá una ley sólo en el papel”.

De acuerdo con la directora, debe regir el principio de máxima publicidad, ya que los archivos son parte de la construcción de la democracia y, por ello, México “merece una ley general de archivos modelo a escala mundial”.

El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, del Inai, dijo que en la coordinación del Sistema Nacional de Archivos con el de Transparencia y el de Anticorrupción, se deberá precisar el rol que tendrá el primero en los flujos informativos, para abastecer de datos a la Plataforma Nacional Digital y reducir las declaraciones de inexistencia.

El funcionario del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) propuso que en la integración del Consejo Técnico se incluya, entre otros, a un representante de Poder Ejecutivo local, del Legislativo, del Judicial, a uno de los organismos autónomos, y uno de los municipios de cada entidad.

Elsa Bibiana Peralta Hernández, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, consideró que independientemente que el AGN sea autónomo o dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) se requiere dotarlo de recursos para que lleve a cabo sus atribuciones.

Dijo que una sola ley no solucionará un problema sistémico, sino que serán varias en las que se van a regular las conductas y acciones.

Issa Luna Pla, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), urgió a los senadores aprobar la Ley con reglas específicas, impulsar la descentralización y des-sectorización del órgano rector, de la Segob, así como dotarlo de presupuesto e infraestructura propia.

También participaron en las audiencias públicas las investigadoras Daniela Gleizer Salzman, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM; Alejandra Ríos, del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE); Marisol Hernández, directora del Archivo General de Aguascalientes; Ricardo Fagoaga Hernández, secretario técnico del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, y el magistrado Armando Maitret Hernández, de la Asociación Mexicana Impartidores de Justicia.

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