Pendiente acceso a justicia para mujeres víctimas de violencia: expert

Angélica Apatlán, investigadora y asesora en la Procuraduría General de Justicia local, lamentó que el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sea letra muerta y los agresores sigan...

Angélica Apatlán, investigadora y asesora en la Procuraduría General de Justicia local, lamentó que el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sea letra muerta y los agresores sigan en las calles por la indolencia de las autoridades.

Al participar en el foro Mujeres ante la Violencia Institucional organizado por la asambleísta Juana María Juárez López, de Morena, la especialista comentó que en el Ministerio Público se persuade a las afectadas para no levantar denuncias por violencia, porque no se consideran importantes.

Ello, acusó, convierte a los servidores públicos en cómplices de la violencia y llamó a combatir la doble victimización de la cual son objeto al presentar su denuncia. “La Violencia contra las mujeres es un asunto de toda la sociedad, no sólo de mujeres”, expresó.

Durante el acto que se realizó en la Asamblea Legislativa, Areli Castilla, socióloga del Foro Ciudadano en Acción Creando Espacios, reveló que una modalidad más de la violencia institucional es la política, la cual es ejercida contra las mujeres por los propios partidos políticos.

Precisó que la violencia política institucional es aquella que discrimina, dilata o impide el ejercicio de los derechos de las mujeres.

Es un tipo de violencia que invisibiliza, pues niega a las mujeres acceder a la toma de decisiones o sataniza a quienes participan activamente en la política del país. Un ejemplo, dijo, es el número de mujeres en el gabinete presidencial, gubernaturas y congresos, donde predominan los hombres.

En su intervención, la maestra Karla Jeannette Ortiz, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), criticó que no haya presupuesto, estrategias, ni acciones para prevenir la violencia de género por parte del Estado.

Por lo anterior, urgió a la sociedad civil a generar sus propias herramientas en las redes sociales y difundir campañas de prevención sobre la violencia de género y crear grupos de apoyo para mujeres violentadas.

Por su parte, la maestra María Santiago Gordillo enfocó su participación a la violencia de género en el ámbito rural, donde aseguró que se agrava esta situación debido a la desigualdad y pobreza en la que viven, por lo que propuso campañas de información sobre los derechos humanos de las mujeres en el campo.

Por último, el activista Christian Pérez Camacho demandó al gobierno federal cumplir los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

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