Detención de Milagro Sala, un problema de política exterior para Macri

La detención de la activista argentina Milagro Sala se transformó en un inesperado problema de política exterior para el gobierno de Mauricio Macri, quien ha tenido que enfrentar reclamos de...

La detención de la activista argentina Milagro Sala se transformó en un inesperado problema de política exterior para el gobierno de Mauricio Macri, quien ha tenido que enfrentar reclamos de liberación por parte de organismos internacionales.

El impacto del caso de Sala quedó en evidencia el pasado 17 de noviembre, cuando el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se refirió a la dirigente social durante la gira que realizó en Buenos Aires.

“Respecto a la señora Sala hemos hablado el presidente y yo acerca de la importancia de la transparencia, la apertura y el estado de derecho, tengo confianza absoluta en el hecho de que vamos a tratar el tema de manera responsable”, dijo Trudeau.

Macri se vio así obligado a hablar sobre Sala por primera vez ante otro jefe de Estado, aunque antes ya había recibido críticas por parte de Amnistía Internacional, Human Right Watchs y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas.

Hace un mes, el organismo de la ONU pidió la “inmediata liberación” de Sala al concluir que su detención se basó en causas judiciales manipuladas para sostener su privación de libertad por tiempo indefinido.

El reclamo empañó la campaña que Macri ha realizado desde que asumió, en diciembre pasado, para mostrarse como el rostro de “una nueva Argentina” ante la comunidad internacional.

También le restó autoridad a sus constantes demandas de liberación de presos políticos en Venezuela, ya que algunos opositores y organizaciones de derechos humanos consideran a Sala como la primera presa política del macrismo.

La dirigente de 51 años encabeza Tupac Amaru, una organización de la provincia de Jujuy, ubicada en el norte del país, que logró operar múltiples programas sociales que beneficiaron a parte de la población más desfavorecida.

Sus opositores la acusan de una serie de hechos fraudulentos y crímenes que hasta ahora no han sido probados pero sí ampliamente difundidos a través de una intensa campaña mediática en su contra.

Sala, de 51 años, fue detenida el pasado 16 de enero en Jujuy, acusada de “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real” al protestar frente a la casa de Gobierno por el recorte de subsidios para la construcción de viviendas y el trabajo de cooperativas.

La dirigente fue aliada de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y mantuvo una añeja y fuerte pelea con el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien asumió igual que Macri, en diciembre pasado.

Morales ya había anticipado su encono contra Sala, por lo que bastó que se convirtiera en gobernador para que la dirigente fuera detenida, lo que se ha interpretado como una peligrosa venganza política contra una líder kirchnerista.

“No voy a liberar a esa mujer”, fue la respuesta que dio Morales ante el reclamo de liberación de la ONU, con lo que una vez más demostró una animadversión personal.

Aunque el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades desde el principio, Macri insistió en que era un problema de la justicia de Jujuy, hasta que comenzaron a replicarse los reclamos internacionales en favor de Sala.

Después de debates internos, en el gobierno ganó la posición de mantener presa a la dirigente y de invitar a comités de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que viajen a Jujuy a revisar personalmente el caso.

El problema es que una revisión de este tipo remite de inmediato a la visita que la CIDH realizó a Argentina en 1979 para constatar las violaciones a los derechos humanos que cometía la dictadura militar que gobernó hasta 1983.

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