Nuevo León busca proteger la vida "desde la fecundación" y cierra la puerta al aborto libre

Nuevo León busca proteger la vida "desde la fecundación" y cierra la puerta al aborto libre

  • Desde la despenalización del aborto en el DF, 17 han modificado sus constituciones locales en reacción contra la medida en la capital.
  • Nuevo León ha sido la última región en apoyar el derecho a la vida "desde su inicio en la fecundación, hasta la muerte natural".
  • La propuesta del PAN, aún por aprobar, ha encendido el debate en torno al aborto.

Los votos a favor de 33 diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Nuevo León avalaron el pasado 28 de mayo el primer paso para introducir una reforma en el artículo 1 de la Constitución local, que permitiría elevar a rango constitucional el derecho a la vida, "desde su inicio en la fecundación, hasta la muerte natural", diez palabras que cerrarían las puertas al derecho al aborto o la eutanasia en el estado norteño.

Después de la despenalización del aborto en el DF, 17 estados han modificado sus leyes protegiendo el derecho a la vida desde la fecundación La iniciativa legal, presentada por el diputado panista Francisco Treviño, obtuvo el rechazo del Partido Revolución Democrática (PRD), Nueva Alianza y del Trabajo (PT) con seis votos.

Para ser considerada parte de la Constitución local, todavía debe pasar por una segunda vuelta donde tendría que ser apoyada en el próximo período de sesiones —que arranca el lunes 9 de junio— por mayoría, es decir, por al menos 28 legisladores.

En los días siguientes, el texto sacó a las calles de Monterrey a miles de personas que marcharon a favor y en contra de la reforma, azuzando así el debate en torno al derecho al derecho al aborto libre.

Todavía esta misma semana, organizaciones de mujeres se manifestaron frente a la representación del gobierno de Nuevo León en el Distrito Federal, para mostrar su rechazo a la iniciativa que se impulsa en el Congreso nuevoleonés.

Los defensores del texto, entre los que se cuentan varias organizaciones de la sociedad civil de Nuevo León aglutinadas en el movimiento Yo Soy Voz, insisten en "dejar definido también a través de la Constitución que en el estado se protege  la vida de todos los ciudadanos, incluidos los nonatos, pero también proteger a las mujeres en el período de gestación", dijo a 20minutos su portavoz Alejandro Velasco.

En México el derecho de la mujer al aborto libre sólo está reconocido en el DF, donde legalmente se puede interrumpir el embarazo hasta la semana 12. Tras la despenalización del aborto en la capital en abril de 2007, 17 de los 32 estados del país han modificado sus leyes locales en los últimos años ampliando la protección al derecho a la vida desde la concepción del embrión.

Nuevo León, el estado número 18

En lo que respecta a Nuevo León, la ley sólo permite la práctica del aborto por dos causas: bajo peligro de muerte de la madre o del bebé y en caso de violación. Sin embargo no hay una reglamentación clara al respecto, critican desde la organización Género, Ética y Salud Sexual A.C. (GESSAC) en Monterrey.

“Si una mujer violada queda embarazada en este estado no hay forma de saber si se le puede practicar un aborto, ni dónde ni con qué médico. No existe un procedimiento reglado que detalle nada en el código civil”, señala en entrevista con 20minutos su portavoz, María Aurora Mota.

Lejos de defender los derechos humanos, quieren ganar el último reducto conservadurista en Nuevo LeónMota asegura que la iniciativa panista tiene el mismo origen que otras enmiendas introducidas en las cartas de otros estados y afirma que "lejos de defender los derechos humanos la maniobra persigue ganar el último reducto del conservadurismo acá en Nuevo León, donde los movimientos sociales ya luchamos por el derecho a la interrupción del embarazo hace doce años".

Los grupos conservadores han perdido en varios estados la batalla en temas sociales muy delicados como el matrimonio gay y la educación sexual de las adolescentes, así que ahora "el aborto es la última trinchera que les queda luchar", explican desde GESSAC.

Para el vocero de Yo Soy Voz, estos cambios constitucionales, se deben a que "la ciudadanía se ha dado cuenta de la importancia que tiene proteger la vida de cualquier ser humano. Ojalá se apruebe, de hacerlo seríamos el estado número 18 del país en reconocer este derecho", presume.

Velasco insiste en que la propuesta no criminaliza a las mujeres, sino que más bien las protege a ellas y al bebé en gestación, que quedaría protegido en la Constitución: "El texto que estamos apoyando no menciona para nada modificar el código penal, de modo que las causales quedan intactas".

Señala a los medios para justificar por qué se la conoce como Ley antiaborto: "Este cambio constitucional se ha tratado en la prensa como una ley antiaborto cuando no lo es. La modificación legal no persigue a nadie porque no se toca el código penal".

"Obviamente nosotros no compartimos, aunque sí respetamos, la postura de las mujeres que defienden su derecho a decidir por encima de la vida del no nacido, porque para nosotros ellas tienen derecho a decidir sobre su cuerpo pero no sobre el cuerpo del bebé que crece dentro de ellas, es otro cuerpo que ya no les pertenece, es otro individuo diferente", explica.

"Las mujeres sin recursos están a un paso de la cárcel"

Desde la asociación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) se muestran más tajantes y alertan de que miles de mujeres, especialmente las más pobres, quedarían en una situación de gran vulnerabilidad legal y sanitaria de aprobarse finalmente la modificación constitucional panista.

Legalmente ni siquiera se podría incluir una causal de pobreza extrema Consuelo Morales, religiosa y directora de Cadhac, explica que el problema es que se está viendo desde un punto de vista muy ético cuando en realidad se trata de un asunto de salud pública. "Es un retroceso muy grande en el ámbito de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres, de las más pobres en particular".

"Se está penalizando a la mujer que se practica un aborto fuera de las excepciones que contempla la ley, cuando se sabe que muchas mujeres sin recursos en el estado, las más pobres, están obligadas por sus circunstancias a practicarse abortos clandestinos, poniendo en riesgo su salud, y si llegasen a salir con vida de tal situación podrían llegar a enfrentarse a penas de prisión, como ya está ocurriendo en otros estados como Guanajuato, Guerrero o San Luis Potosí", asevera Morales, que advierte de que las mujeres sin recursos "están a un paso de la cárcel".

"Estamos confundiendo", afirma, "una cosa es no desear un aborto y otra muy distinta amenazar con que si lo haces entonces vas presa. Las que tengan dinero y visa para cruzar a EU o viajar al DF podrían asegurarse una práctica abortiva en condiciones de salubridad dignas, tal vez algunas lo hagan incluso en clínicas clandestinas en el propio Nuevo León, ¿pero qué harán las que no puedan pagar nada de eso? ¿a qué las condena esta reforma legal?", cuestiona la religiosa.

Un candado para no legislar derechos emergentes

Ana Luna, portavoz de Cadach, afirma que "en el estado ya se protege el derecho a la vida" y este tipo de reformas generan un clima muy peligroso de criminalización a las mujeres y un ambiente de confusión entre los médicos y la sociedad en general acerca de la interrupción del embarazo.

No es la vida lo que se discute, sino derechos emergentes en todo el mundo, como el aborto y la eutanasia "Pero lo más preocupante es que, legalmente, se cierra la puerta para aumentar los excluyentes en el código penal, es decir, las causas que permitirían legalmente un aborto, ni siquiera se podría incluir una causal de pobreza extrema, que sería tan importante en un país con tanta probreza como el nuestro", alerta Luna.

La idea es compartida por el profesor Héctor Mendoza, doctor en Derecho y experto en Bioética de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien asegura que la iniciativa legal parte de "un discurso vendible porque a todo el mundo le suena razonable legislar en favor del derecho a la vida".

Sin embargo, el texto esconde que en el futuro no haya posibilidad de legislar en el código penal una ampliación de las causales excluyentes de responsabilidad en materia de aborto. Si bien es cierto que la modificación constitucional no tiene una consecuencia penal inmediata, también lo es que "pone un candado para que en adelante no se puedan legalizar otros motivos que eximirían a la mujer de estar cometiendo un delito punible".

"En realidad el discurso que usan para vender la medida no es en relación al aborto, va mucho más allá, se trata de una visión del problema conservadurista y vaticana, un asunto moral y casi ideológico comprensible en el PAN, pero difícil de entender en el PRI. No es la vida y la muerte lo que se discute, sino derechos que son emergentes, no sólo en México también en el resto del mundo, como la interrupción legal del embarazo y la eutanasia", sostiene.

Mendoza explica que darle personalidad jurídica al feto cerraría del todo la puerta a la legalización del aborto en Nuevo León. "En cuanto a la eutanasia, también se eliminaría cualquier posibilidad de regulación, dado que al defender el derecho a la vida 'hasta la muerte natural' el texto tampoco contempla una legislación futura del auxilio médicamente asistido, pero eso en la modificación presentada nadie lo ha visto, porque el debate del aborto ya es lo suficientemente polémico".

"Barbaridad jurídica"

Desde lo estrictamente jurídico, el doctor en Derecho define el texto panista de "barbaridad jurídica". La ambigüedad de sus términos, dice, supone que "si se asume que desde la fecundación hay vida o hay una persona con derecho, se asume absurdamente que un embrión fecundado es un ciudadano del estado de Nuevo León, lo cual es aberrante. Si validamos estos cambios, caeremos en uno y mil absurdos jurídicos. ¿Qué pasa entonces con la fecundación in vitro?, ¿si congelamos embriones estamos secuestrando seres humanos y privándoles de su libertad, sería tráfico de personas?"

El debate, dice el profesor, es muy confuso y "retrógrado" si se plantea en estos términos dado que "es imposible asumir que un conjunto de células primarias, aunque tengan ADN humano, son personas".

Para Mendoza, la discusión trasciende al aborto y tiene implicaciones mucho más grandes. "Por ejemplo, en lo que se refiere al avance y el desarrollo científico, si finalmente se acepta por la vía constitucional que un óvulo fecundado es un ser humano con derecho y que no se puede tocar", zanja, convencido de que la reforma terminará por aprobarse en la segunda vuelta.

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