Censura, geolocalización o falta de privacidad: las sombras de la reforma a la ley Telecom de EPN

Censura, geolocalización o falta de privacidad: las sombras de la reforma a la ley Telecom de EPN

  • Los expertos consideran que la propuesta de ley federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión atentaría contra las libertades.
  • La geolocalización de dispositivos móviles, bloquear señales o facilitar información de usuarios son los puntos que han provocado más rechazo social.
  • Bajo los hashtags #ContraElSilencioMx o #EPNvsInternet, los internautas siguen criticando esta propuesta del gobierno de Peña Nieto.
  • Para la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, el ejecutivo "quiere establecer un control político, en instituciones privadas y redes sociales".

La leyes secundarias a la reforma de telecomunicaciones y Radiodifusión - también llamada ley Telecom- que presentó el pasado marzo el gobierno de Enrique Peña Nieto han provocado que diferentes colectivos sociales y ciudadanos hayan emprendido acciones para expresar su fuerte rechazo a este texto que, según expertos, podría atentar contra la libertad de expresión, la privacidad y el derecho a la información y supone un retroceso a lo que establecen las bases constitucionales.

Esta semana se retomarán en el Senado los trabajos para analizar estas leyes secundarias, pero no será hasta junio cuando, en un eventual periodo extraordinario de sesiones, se discuta la ley y previsiblemente se apruebe definitivamente. La reforma fue la modificación en general a la Constitución en esta materia en junio de 2013, y la legislación secundaria, presentada por el gobierno del PRI el pasado 24 de marzo, son las modificaciones a los diferentes reglamentos.

"Es un retroceso al México de los 70 y 80"

María Elena Meneses, investigadora especializada en medios de comunicación, internet y cultura digital, y profesora del Tecnológico de Monterrey, alerta que "hay un riesgo" en cuanto al poder de censura que podría ejercer el Gobierno si se aprobara esta iniciativa presidencial.

"Se trata de un texto que además de poner en peligro libertades está redactado de manera ambigua", subraya Meneses, quien asegura que "no sólo es un retroceso en materia de medios digitales. Los contenidos por radio y televisión estarían bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación. Es un retroceso al México de los 70 y 80".

Intentan establecer un control político en las instituciones privadas y redes sociales

Por su parte, Agustín Ramírez, presidente de Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), critica duramente la propuesta del gobierno de la República y coincide con que esta ley "atenta contra la libertad de expresión".

"La reforma constitucional estaba centrada en la defensa de la libertad y lo que intenta Peña Nieto es establecer un control político, en las instituciones privadas y redes sociales", recalca Ramírez.

El presidente de AMEDI asegura que la ley debe atender a la regulación de derechos fundamentales y responder a los principios de la Constitución, no precisamente lo contrario. Por ello, la organización que preside, junto a otros colectivos, pretenden que "se reformulen algunos artículos".

Desde un principio, Amedi cuestionó que el gobierno del PRI presentara esta ley a destiempo para que tuviera menos margen para su discusión: "La polémica comenzó cuando Peña Nieto presenta esta iniciativa muy a destiempo, estaba dando solo 30 días para que se discutiera esta ley tan importante. Desde Amedi hemos sido muy críticos con esta postura".

Los artículos polémicos de la ley Telecom

Estos algunos de los capítulos de la reforma que, según analistas, están originando más controversia, por la posible la censura, pérdida de privacidad o atentado a la libertad de expresión que podrían suponer para los ciudadanos si llegaran a ser aprobados.

  • La geolocalización en tiempo real

El artículo 189 señala que se podrán "eliminar las señales" de comunicación "en los momentos críticos o bloquear las señales en cualquier instante porque se pone en riesgo la seguridad nacional. La autoridad, las mismas instancias de seguridad podrían tener acceso a la geolocalización sin orden judicial", dice la propuesta.

Y añade: "Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados están obligados a proporcionar la localización geográfica en tiempo real, de cualquier tipo de dispositivo de comunicación que se encuentre relacionado con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, a solicitud del Procurador General de la República, de los Procuradores de las Entidades Federativas o de los agentes del Ministerio Público en quienes se delegue esta facultad, de conformidad con las leyes correspondientes".

Nadie puede estar en desacuerdo con que se persiga a supuestos criminales con tecnología, siempre y cuando esté de por medio una orden de un juez

Agustín Ramírez considera que la geolocalización "es una buena herramienta para ubicar a quienes cometan delitos como secuestro, pero en México, desafortunadamente, debe ser mucho más específica. No puede decir en términos generales "en tiempo real" sin establecer cuáles son las hipótesis, lo deja abierto y no lo circunscribe únicamente a la delincuencia organizada", subraya.

Para Ramírez, decir que este tipo de información se entregará "de conformidad con las leyes correspondientes" es un grave error que pone en peligro la privacidad de los usuarios, y lo correcto sería "indicar de manera expresa" cómo y en qué casos se va a aplicar.

"Nadie puede estar en desacuerdo con que se persiga a supuestos criminales con tecnología, siempre y cuando esté de por medio una orden de un juez. Eso es todo", apunta la profesora María Elena Meneses.

Al hilo, la investigadora advierte que "los que aplauden la iniciativa presidencial no explican las cosas y a sus críticos les reprochan que protegen a los delincuentes. Hágame el favor. No es un asunto de blanco y negro. Eso debe quedar claro en la ley reglamentaria. Sí perseguir a presuntos delincuentes, siempre y cuando medie una orden judicial ".

  • Bloqueo de señales

El 197, por su parte, hace referencia a que se podrá "realizar la suspensión inmediata de los servicios cuando así lo instruya la autoridad competente de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales aplicables". Un artículo así, en cualquier país, hubiera causado protestas no sólo por parte de activistas sino por la sociedad en su conjunto

La profesora María Elena Meneses considera este punto como el artículo más "controversial", ya que permitiría "bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes".

"Un artículo así en cualquier país hubiera causado protestas no sólo por parte de activistas sino por la sociedad en su conjunto", explica Meneses.

  • Facilitar datos y registrar las comunicaciones durante 24 meses 

El acceso a datos privados por parte de las autoridades sería otra de las amenazas. El 192 hace alusión a que "los concesionarios de telecomunicaciones y en su caso, los autorizados, están obligados a conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier dispositivo (....) que permitan identificar con precisión la siguiente información: nombre, tipo, origen y destino de la comunicación, fecha, hora, ubicación geográfica, características técnicas de los dispositivos o duración de las comunicaciones. Además los concesionarios deberán conservar los datos a que se refiere el presente artículo hasta veinticuatro meses.

Es una práctica no deseable en la Unión Europea porque afecta a la privacidad de los usuariosTambién el artículo 194 reseña que se "deberán entregar los datos conservados a las instancias de procuración de justicia e instancias de seguridad que lo requieran, conforme a sus atribuciones, de conformidad con las leyes aplicables". Además, el texto señala que "están obligados a entregar la información dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes, contado a partir de la notificación, siempre y cuando no exista otra disposición expresa de autoridad competente".

Según Agustín Ramírez, estos puntos "básicamente otorgan la potestad de ofrecer información privada de los usuarios".

Para la investigadora del Tecnológico de Monterrey, podría suponer "un atraso en cuanto a libertades", y el hecho de obligar a los proveedores de servicios de telecomunicaciones a retener datos hasta por 24 meses "es una práctica no deseable en la Unión Europea, porque afecta a la privacidad de los usuarios".

  • Bloqueo de contenidos de Internet

El artículo 145 dice: "Los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet deberán sujetarse a los lineamientos de carácter general que al efecto expida el Instituto" e indica que "podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad".

Es un intento de censura inadmisible

El máximo representante de Amedi opina que este capítulo pondría en riesgo el ejercimiento de libertades, sobre todo en lo que se refiere a redes sociales: "Las redes son una enorme herramienta. Creemos que es un intento de censura inadmisible. La autoridad tendría capacidad para eliminar las expresiones ciudadanas que fueran contrarios a sus intereses", asevera Ramírez.

La respuesta viral: #ContraElSilencioMx

El rechazo a estos artículos de la ley Telecom también se ha materializado en las calles. El pasado sábado 26 de abril una cadena humana de 7 mil personas, según organizadores, se unió en contra de la reforma desde la residencia presidencial de los Pinos hasta las instalaciones de Televisa Chapultepec. La convocatoria fue realizada por activistas y organizaciones sociales y civiles, y contó con rostros tan conocidos como el del actor Daniel Jiménez Cacho.

En junio, los senadores se verán ante el reto de modificar la reglamentaria y apegarla al mandato de la ConstituciónBajo los hashtags #ContraElSilencioMx #Nomaspoderalpoder o #EPNvsInternet, los internautas mexicanos también siguen criticando esta propuesta del ejecutivo mexicano. Numerosos videos, como el de la diputada de Movimiento Ciudadano, Luisa María Alcalde Luján, explicando qué podría pasar en caso de que se aprobara la legislación, se han convertido en todo un fenómeno viral, con miles de visitas.

La respuesta a todas las movilizaciones ciudadanas y las advertencias de los especialistas se verán si surten efecto en junio, cuando "los senadores estén ante el reto de modificar la reglamentaria y apegarla al mandato de la constitución", sostiene María Elena Meneses.

Ramírez ve esperanzas en que modifiquen los artículos más polémicos: "Ya hay declaraciones de los propios miembros del Gobierno que apuntan a que van a eliminar ciertos artículos. Mientras tanto, ahí está el planteamiento original, la discusión y la presión social", concluye Ramírez. 

Publicada en la dirección url http://www.20minutos.com.mx/noticia/13645/0/ley-telecom-2014/censura-geolocalizacion/privacidad/ accede a la noticia online capturando este código en tu móvil Código QR