La Corte mantiene la facultad de las Procuradurías  para rastrear los celulares

Teléfono móvil
Un chico habla por el teléfono móvil. (Timparkinson / Flickr)
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  • No es necesaria la intervención del juez para que las empresas telefónicas revelen datos.
  • La CNDH impugnó esa facultad porque se violaban derechos humanos.
  • Dos ministros se pronunciaron en contra de mantener esa facultad a las procuradurías.

Las procuradurías General de la República y estatales mantienen la facultad de ordenar mediante un oficio, sin intervención de juez, que empresas concesionarias y permisionarias de servicio de telecomunicaciones revelen en tiempo real la ubicación geográfica de teléfonos celulares.

Así lo resolvió el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este jueves, al desahogar la Acción de Inconstitucionalidad 32/2012, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que impugnaba esa facultad de las procuradurías, aduciendo que se violaban derechos humanos, en especial el derecho a la privacidad y a la intimidad.

Las empresas están obligadas a responder favorablemente a la solicitud de la autoridad Dos ministros se pronunciaron en contra de mantener esa facultad a las procuradurías, y faltan todavía cinco ministros por manifestarse; ya hubo cuatro que estuvieron de acuerdo en validar las normas jurídicas que sustentan esa facultad del Ministerio Público para que pueda seguir ejerciéndola.

Se necesitaban al menos ocho votos de los 11 ministros para declarar la inconstitucionalidad del artículo 133 Quáter, del Código Federal de Procedimientos Penales y de los artículos 16 fracción I, apartado D y 40 bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que regulan esa facultad de las procuradurías del país y la obligación correlativa de las empresas de telecomunicaciones.

Como ya no será posible alcanzar el número clave de ocho votos para expulsar esas normas del sistema jurídico nacional, aunque hubiera una mayoría simple en contra, éstas se mantendrían vigentes, porque técnicamente la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH quedaría desechada.

Por simple oficio o medios electrónicos

Las normas a debate establecen que tratándose de investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, los procuradores, por simple oficio o medios electrónicos, pueden solicitar a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea telefónica.

Se descarta que con esta medida haya violaciones a los derechos de la persona  Y por otro lado, obligan a las empresas de telecomunicaciones a responder favorablemente a la solicitud de información de la autoridad, so pena de hacerse acreedoras a las sanciones previstas en la propia ley.

El proyecto de resolución fue presentado por la ministra Margarita Luna Ramos quien propuso validar las normas impugnadas por la CNDH, invocando el ambiente de inseguridad y la necesidad de combatir con eficacia los delitos señalados.

En el análisis propiamente jurídico, subrayó que se está validando la localización geográfica, no de una persona, sino de un aparato relacionado con la investigación de un delito, por tanto en esa etapa no hay violaciones a los derechos de la persona que requieran la intervención de un juez.

En una segunda etapa, si de las investigaciones se deriva la necesidad de indagar más a fondo a una persona asociada al aparato telefónico, ya se requeriría la intervención de un juez, pero lo importante en la primera etapa es actuar con inmediatez para que la autoridad pueda ser efectiva, expuso la ponente.

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